En una jornada histórica –así la definen las autoridades educativas en su web–, el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley de Educación Ambiental (LEA), un proyecto que nace del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en consenso con las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofemafederal).
El proyecto de Ley de Educación Ambiental había obtenido su media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina a fines de marzo pasado. El consenso mayoritario y transversal a esta ley que integra los valores de la sustentabilidad a los ámbitos de la educación formal, informal y no formal, permitió que se haya podido saldar una deuda histórica para construir una Argentina justa, inclusiva, solidaria y sostenible, para las generaciones presentes y futuras.
El proyecto aprobado de Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina -presentado por el Poder Ejecutivo en 2020- busca el establecimiento de presupuestos mínimos para la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental basada en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. De ahí que su propósito general sea la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley General del Ambiente N° 25.675, el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias y en los Tratados y Acuerdos Internacionales en la materia.
«Construir una Argentina sostenible requiere de un enorme cambio cultural, la forma más efectiva de lograrlo es a través de la educación»
Gladys González, senadora provincial y presidenta de la Comisión de Ambiente
En los últimos veinte años, se habían presentado distintos proyectos de Ley de Educación Ambiental. Sin embargo, ninguno logró el consenso necesario ni la prioridad política para convertirse en ley. Esta vez, hay que destacar la presencia activa de asociaciones de la sociedad civil como Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima o Amartya, que fueron asesorando y acompañando de distintas formas todo el proceso.
Gladys González, senadora por la provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Ambiente, definió muy bien en su exposición la importancia de esta ley para el país y su futuro, y a la intervención de los jóvenes para su implementación: «Construir una Argentina sostenible requiere de un enorme cambio cultural, la forma más efectiva de lograrlo es a través de la educación. Espero que luego de la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo haga una convocatoria amplia y honesta donde no solo la academia, sino también el sector productivo y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente los jóvenes, estén sentados en la misma mesa elaborando los contenidos y las estrategias”.
Principales objetivos
El proyecto aprobado en el Congreso entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos. Entre sus puntos principales propone:
- Promover el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental (EJEAx), garantizando la creación y existencia de un área específica para la educación ambiental dentro de las respectivas carteras ambientales del Gobierno Nacional, de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), compuestas por recursos humanos y tecnológicos, y programas de trabajo y presupuesto, dependientes de cada jurisdicción.
- Respeto y valor de la biodiversidad. Reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas.
- Crear un banco virtual nacional de experiencias en educación ambiental.
- Principio de equidad. Propender a la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres vivos. Esto parte de considerar las diferencias y diversidades de las personas, promoviendo la igualdad de derecho y trato jurídico, sin discriminación y fomentando la autonomía y la libertad.
- Principio de igualdad desde el enfoque de género. Es la piedra angular de los derechos humanos que debe orientar las políticas de Estado para eliminar la discriminación en las relaciones de género y garantizar el pleno goce de derechos para varones, mujeres y otras disidencias, respetando sus diversidades.
- Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Integrar la diversidad cultural en las estrategias democráticas, al tiempo que fomentar el respeto hacia las personas que aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.
