En la batería de reformas económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo, esta semana se presentó, votó y dictaminó en comisión de Diputados el nuevo proyecto de ley de mercado de capitales, ahora llamado de «Financiamiento Productivo». La norma que el Gobierno había presentado en el Congreso en noviembre del año pasado sin demasiado éxito incorpora algunos cambios en beneficios para los productos destinados al financiamiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes), materia de seguros de vida o de retiro y sobre el mercado secundario de hipotecas.

En el debate, algunos diputados anticiparon que presentarán agregados o modificaciones al proyecto que deberá ser tratado el próximo miércoles. Específicamente, Diego Bossio presentó un dictamen en disidencia, mientras que otros representantes del Frente Para la Victoria sumados a Carlos Heller y Marco Lavagna plantearon un dictamen en minoría.

Fue este último quien trajo el tema de la Inclusión Financiera al recinto al mencionar sus modificaciones y aditamentos al proyecto: “…sé que hay algunos avances que se han hecho en Inclusión Financiera, lo que creo nos falta es una hoja de ruta clara que sea una política de Estado. Por eso, lo que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo, es que presente en un lapso de noventa días un programa y que el Congreso de la Nación lo pueda adoptar, lo pueda votar, y que sea justamente una política de Estado sobre cómo hacemos para llegar con el sistema financiero a los que hoy más lo necesitan”.

Sucede que el pasado lunes 13, mediante expediente 6015-D-2017, el mismo equipó presentó un proyecto de Ley en el que se instruye al Poder Ejecutivo a desarrollar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Se entiende entonces que dicho articulado será incluido en la propuesta a realizar en la Ley de Financiamiento Productivo.

El proyecto presentado (véase aquí) detalla los contenidos generales y específicos que debe tener la ENIF. Se propone que se diseñe e implemente una Estrategia con metas, plazos y objetivos detallados. Esta deberá contar con lineamientos mínimos de diagnóstico y evaluación que “marquen el norte” en inclusión financiera al cuál se quiere llegar, pero también permitan saber cómo vamos transitando ese camino.

Además, exige fomentar de manera explícita dimensiones específicas y fundamentales para una inclusión financiera responsable, tales como diseñar esquemas de defensa al consumidor, educación financiera en escuelas secundarias e incluir la perspectiva de género en sus indicadores, métricas y objetivos.  

Más importante aún, se determina que el Poder Ejecutivo debe presentar su estrategia ante el Congreso para su aprobación. Esto es, si bien es facultad del Ejecutivo su elaboración y diseño, su importancia hace que esta deba ser una política de Estado.

Una política de inclusión financiera cuyos requisitos mínimos estén contemplados por Ley y avalados por el Congreso Nacional dotaría al tópico de relevancia y compromiso de Estado. El debate está entonces sobre la mesa legislativa, lo cual es un gran paso. Restará ver qué definición toman nuestros representantes.

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El autor es docente e investigador especialista en Inclusión Financiera, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con título cum-laude y magíster por la Universidad Autónoma de Madrid, UCA y Centro de Estudios de la Estructura Económica (Cenes) de FCE-UBA / Conicet