La ausencia de una normativa nacional que regule la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya impacta en políticas públicas de eficiencia energética, y agravará el problema de la disponibilidad de recursos y de la contaminación ambiental si se piensa en serio en una transición energética hacia fuentes limpias y renovables.   La Argentina es el tercer país de la región que más basura electrónica genera. Recordemos que fue pionero en América Latina al iniciar la discusión de un marco normativo en el año 2006. Sin embargo, y a pesar de la existencia de proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación desde entonces y hasta ahora, las carteras ambientales del gobierno anterior y de este han frenado la discusión y posible sanción de una ley de alcance nacional.

Lo cierto es que esa inacción ya afecta a otros sectores públicos que sí vienen avanzando en políticas públicas tendientes, por ejemplo, al ahorro de energía. Es el caso de los programas de recambio de aparatos eléctricos y electrónicos, como aires acondicionados, heladeras, televisores, entre otros. En los últimos años, estos programas, que buscan la modernización de los parques de aparatos con consumo eléctrico, han fracasado o no han podido implementarse debido al régimen que regula en la actualidad a estos aparatos una vez finalizada su vida útil. En los casos de las heladeras o los aires acondicionados, por ejemplo, la gestión de sus residuos se complejiza debido a que contienen hidrofluorocarbonos (HFC) que afectan la atmósfera.

Por dentro o por fuera de una ley de basura electrónica, la Argentina tampoco cuenta con una regulación para la gestión de pilas, baterías o acumuladores. En este caso, la discusión parlamentaria al respecto cuenta con antecedentes de más de 20 años, aunque la sanción de una normativa al respecto haya fracasado una y mil veces.

Los acumuladores son esenciales en la transición hacia sistemas de generación y consumo de energía eléctrica renovable más eficientes, como es el caso de la generación distribuida, y son esenciales para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

La gestión adecuada de los residuos de estos artefactos tiene un doble propósito. En primer lugar, evitar la disposición inadecuada de basura tóxica, lo que genera impactos ambientales locales. En segundo, recuperar recursos que han sido extraídos de la naturaleza (lo que siempre implica un impacto negativo) para poder ser reintroducidos en el circuito productivo y así reducir nuestra presión sobre los ecosistemas.

Debemos ser conscientes de que hoy hacemos uso de prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. El auge de las nuevas tecnologías de comunicación y las energías renovables han multiplicado el consumo de muchos minerales, algunos de los cuales ya se consideran críticos en cuanto a riesgos en su disponibilidad.

El despliegue de las renovables y de políticas de eficiencia energética, indispensables para la lucha contra el cambio climático, debe minimizar sus impactos ambientales. Entendamos que llegamos tarde a la gestión de la basura electrónica, ya que la implementación efectiva de sistemas de este tipo lleva años pero, como reza el dicho, más vale tarde que nunca.

FUENTE: Revista ENERGÍA POSITIVA #8

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Lorena Pujó es consultora en Política y Comunicación Ambiental; especializada en Economía Circular. Línea Verde Consultores