Buenos Aires.-Desde el año 2009, el Congreso de la Nación no ha designado un Defensor del Pueblo o Ombudsman, figura creada a través de la ley N° 24.284 e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Su principal misión es defender los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado. Su rol, de carácter unipersonal, es de “tutela de los derechos de incidencia colectiva” y actúa con plena autonomía funcional. Es la única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas. El hecho de que debe ser nombrado por dos tercios de ambas Cámaras en el Congreso demuestra la importancia que se le asignó en ese momento a su rol en defensa de los ciudadanos.
Hasta 2009, el Defensor del Pueblo era el periodista y político Eduardo Mondino y había asumido un alto nivel de involucramiento y proactividad en muchas causas. Pero ese año renunció y su cargo nunca fue ocupado. La situación se agravó en 2014, al vencer el período legal del entonces Defensor Adjunto, Anselmo Sella. Hasta esa fecha articulaban entre la sociedad civil y el Estado, realizaban investigaciones y hacían seguimiento de temas y denuncias, presentaban exhortos y recomendaciones hacia organismos públicos y/o particulares, iniciaban causas que obligaban al Estado, participaban como tercero en causas adicionales y tenían un alto perfil público y mediático.
En el caso de los temas ambientales, justamente por su función de tutelar derechos de incidencia colectiva, tenía un rol fundamental. El caso más emblemático es el del Riachuelo, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los designó como coordinadores del Cuerpo Colegiado para el monitoreo del saneamiento del Riachuelo. Ellos comenzaron a investigar, denunciar y acompañar a los vecinos y ONG que lograron la sanción del fallo de 2008. Hoy ya no pueden seguir la causa, son las ONG las que tienen cumplir con ese rol sin los elementos que brinda el Estado.
Pero también son los autores en 2003 del diagnóstico más completo sobre el estado de la contaminación de la Cuenca del Reconquista, la segunda más contaminada del país. También venían haciendo el seguimiento del Plan Vinaza Cero en la Cuenca del Salí-Dulce, afectada por la contaminación de la industria azucarera. Y tuvieron un rol relevante en las demandas por el cumplimiento de la Ley de Bosques, entre otros temas ambientales en los que venían interviniendo.
La gravedad institucional de la acefalia ha sido alertada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hubo una campaña de 55 ONG de defensa de derechos humanos y ambientales para que se inicie un proceso de designación transparente y participativo, entre otras, CELS, Amnistía Argentina, ADC, FARN, Poder Ciudadano, ACIJ, Cippec, Federación Argentina LGBT, Fopea, Serpaj, Directorio Legislativo, Consumidores Libres.
Las ONG denunciaron asimismo falta de proactividad en casos concretos que afectaron los derechos humanos, e identificaron, entre otros ejemplos, pasividad en casos públicos importantes: choque de tren en 2012 en la Estación Terminal Once (derecho a la vida y prestación de servicios públicos), detenciones de ciudadanos contra explotación minera en Santa María, provincia de Catamarca en 2012 (derecho a la libertad de expresión y a la protesta social) y suspensión de la Asociación de Consumidores Libres en 2012 (derecho de reunión y asociación). Más recientemente se puede mencionar el caso del aumento de las tarifas.
Cabe esperar que, después de las elecciones de octubre, la Comisión bicameral del Defensor del Pueblo del Congreso Nacional, que está presidida por el Pro, avance antes de fin de año con la designación. Ya hay más de diez candidatos.
