Las catástrofes como inundaciones e incendios ya no son eventos aislados, sino más bien recurrentes. De acuerdo con las Naciones Unidas, en los últimos 40 años los desastres ambientales se han duplicado debido a los efectos del cambio climático. El número de afectados durante 2016 alcanzó los 445 millones de personas. Los más afectados son los países pobres, representan más del 70 por ciento de los casos de desastre. Las pérdidas económicas pérdidas fueron de 50.000 millones de dólares durante los años ochenta y escalaron a casi 200.000 millones de dólares en la última década.
Sabemos que los eventos extremos no pueden ser evitados, pero sus consecuencias catastróficas pueden reducirse a través de la previsión e intervención por parte del Estado. En los últimos años, el concepto de gestión de riesgo ha tomado notoriedad en la comunidad internacional y la agenda de los Estados. Su enfoque se basa en la reducción de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad social, para evitar o minimizar los daños y las perdidas en casos de producirse nuevos eventos peligrosos.
La gestión del riesgo es considerada una estrategia de adaptación y para ello no puede ser diseñada de manera independiente de las otras estrategias sobre el territorio. Las actividades que se realizan sobre el territorio pueden potenciar la adaptación o pueden generar más problemas a futuro, por eso es tan importante coordinar las actividades de desarrollo económico con las de prevención.
En la Argentina fue aprobada en octubre del año pasado la Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional para la gestión del Riesgo y la Protección Civil, cuyo objetivo es integrar las acciones y articular el funcionamiento de los distintos niveles gubernamentales (nacional, provincial y municipal), las ONG y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgo. Si bien este sistema puede ser un avance en la materia, el desafío será que no decaiga solo en la gestión de la emergencia. Es necesario que sea un real articulador entre las distintas áreas del Estado, para relevar e integrar las diferentes actividades en curso, prevenir las que podrían incrementar los daños y fomentar aquellas que podrían disminuirlos.
Desde el PNUD África, Saskia Marijnissen sostiene “…las soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación basada en los ecosistemas o la infraestructura verde se consideran cada vez más como alternativas o complementos de las infraestructuras tradicionales, a la hora de proporcionar protección contra las inundaciones. Estos enfoques tienen como objetivo proteger y restaurar los ecosistemas. Soluciones como la restauración y protección de los humedales y sistemas de dunas naturales a menudo son los preferidos para la reducción del riesgo de inundación”.
Es aquí donde parece que las políticas gubernamentales hacen agua; no se solucionará solo con una ley de gestión de riesgo, sino más bien con el compromiso y la voluntad política de avanzar sobre el ordenamiento ambiental del territorio. Esta política será efectiva si trasciende a los diferentes estamentos y es incorporada por todos los ministerio de gobierno, para poder disminuir los impactos que generan el desarrollo económico y el crecimiento demográfico.
A la vista de lo sucedido con el tratamiento del proyecto de Ley de Protección de Humedales, cuyo resultado fue una media sanción del Senado con un articulado que en la práctica no servirá para proteger estos ecosistemas (Ver Los Humedales Seguirán sin protección), los hechos indican que nuestra dirigencia política no avala las medidas de adaptación basada en la infraestructuras verdes. Esta actitud menosprecia la importancia de la restauración y protección de ecosistemas claves para, entre otras cosas, controlar las inundaciones.
+ INFO: Saskia Marijnissen, directora del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, PNUD África, en http://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/5/11/Nature-to-the-rescue-Reducing-flood-risks-by-using-ecosystem-services.html